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Piden la nulidad del nuevo COU porque no se consultó a la Comisión de Monumentos
21-07-2010 / Un grupo de abogados afirma que debe intervenir ese organismo nacional y la Unesco
Una de las viviendas derrumbadas en 4, 54 y 55. En la Ciudad hay decenas de viviendas que debieran estar protegidas por ordenanzEl polémico Código de Ordenamiento Urbano (COU) llegó a la Justicia Federal platense, con el pedido de un colectivo de abogados para que se suspenda la “destrucción y deterioro de viviendas y edificaciones” que, afirman, permiten las últimas modificaciones realizadas a la norma que regula las construcciones en la Ciudad.
En su presentación, los letrados solicitaron que se dicte la nulidad de la ordenanza 10703 (COU) por no haberse consultado para su sanción a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos de la Nación.
Puntualmente, según justifica el Colectivo de Abogados Populares La Ciega –integrado, entre otros, por Federico Pérez Aznar–, La Plata “fue declarada monumento nacional por el decreto 1308/99”, quedando cualquier modificación en su patrimonio bajo la aprobación de la Comisión de Museos.
“El COU sancionado instrumenta significativos y perjudiciales cambios en la normativa que rige la planificación del casco urbano de La Plata sin haber dado intervención al organismo federal competente”, destacaron los letrados en la presentación que recayó en el Juzgado Federal Nº 4 a la que tuvo acceso Diagonales.
Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (la nulidad de la ordenanza), el Colectivo solicitó que se dicte una medida cautelar de no innovar “ordenando suspender toda destrucción y deterioro de viviendas y edificaciones (total o parcial) y de sus monumentos y suspender toda obra en construcción que pretenda levantarse por encima de tres pisos o toda obra o modificación estructural de magnitud en el trazado, previo análisis del impacto ambiental, arquitectónico y urbanístico”.
Los abogados proponen convocar a una audiencia pública con participación ciudadana, de la Provincia (“en su carácter de garante de la ley provincial y la ley nacional de protección ambiental”), de la Comisión de Museos y organismos internacionales como la Unesco.
Asimismo, en la presentación judicial se pide que “se suspenda toda obra que se encuentre en proceso de ejecución tendiente a modificar los espacios verdes públicos y el patrimonio forestal, hasta tanto no se realice su evaluación –por los órganos ya citados–, por encontrarse protegidos por la normativa nacional que los declara patrimonio”.
Por último, en el marco de la medida cautelar, los abogados piden que “se suspenda toda demolición de viviendas y edificios, hasta tanto no se realice un exhaustivo análisis acerca del valor arquitectónico de estas edificaciones (principalmente fundacionales, anteriores en su construcción a 1930, protegidas por decreto 1579/06, o de todas maneras, sin estar encuadradas en esos supuestos, poseer valor singular y arquitectónico), se suspenda la autorización y aprobación de construcciones de edificaciones que prevean más de tres niveles, y suspensión de aquellas obras que fueron autorizadas luego de la puesta en vigencia de la ordenanza”.
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