Quisera aclarar que mas allá de la visión que cada medio de comunicación pueda tener de la realidad, rescatamos la importancia de haber puesto el tema en los medios de comunicación locales.
Aunque mas no sea en este caso con alguna que otra información errónea (no sabemos si por improvisación de la investigación o la tendenciosidad de la información brindada) más allá de la escueta nota, que lleva a un plano mas superficial esta asamblea vecinal, sin contar ninguna acción de las que ya se han llevado a cabo, nuestra lucha está mucho mas allá de proteger "casas viejas" es en contra de un codigo urbano que roza la anticonstitucionalidad trasgrediendo derechos ambientales y avalados por la propia constitucion nacional, dejando de lado los procesos de participación ciudadana e institucional, favoreciendo a las grandes empresas que monopolizan la construcción en altura, en decrimento de la calidad de vida urbana de todos sus habitantes.
"Ciudad sustentable" no es el nombre del grupo, sino que es una de las instituciones que apoyan a esta asamblea abierta de vecinos que se realiza periodicamente una vez a la semana. En este marco se esta conformando una Asociacion sin fines de lucro que contenga y lleve a cabo las presentaciones legales y formales necesarias para seguir esta lucha.
ver en la web:
http://www.eldia.com.ar/edis/20100706/laciudad12.htm
Impulsan reclamo por casas antiguas
Movilizados por “la preservación del patrimonio edilicio platense y en particular por las casas antiguas ante el riesgo de demoliciones”, dirigentes de un grupo denominado “Ciudad sustentable” mantuvo ayer una reunión para fijar posiciones y analizar las estrategias a seguir para “proteger las propiedades con valor histórico”.El grupo buscará entrevistarse con el intendente Pablo Bruera y con representantes del Concejo Deliberante. También continuarán con las acciones de protesta y no descartan acudir a la Justicia con el pedido de medidas cautelares. “Hay un catálogo con más de 1.900 propiedades protegidas; una ordenanza, la 5.338, que exige la conservación de las viviendas construidas antes de 1940 y hasta un decreto nacional que declara al casco fundacional de La Plata monumento histórico”, sintetizó José María Di Gregorio, integrante de Sotobosque, una de las instituciones que participa de la movida.De la reunión de ayer -en la que hubo unas 20 personas- participó el concejal Daniel Caferra, quien elabora un proyecto que propondrá en el cuerpo legislativo comunal. “Queremos pedir que se suspendan por 180 días las demoliciones y los cambios edilicios de las casas con valor patrimonial o construidas antes de 1940. La idea es que mientras tanto se discuta una ordenanza que las preserve”, explicó el representante del bloque Nuevo Encuentro.
martes, 6 de julio de 2010
Aún no se aplica el nuevo Código Urbano pero la ciudad ya parece bombardeada
ver en la web:
http://www.elargentino.com/nota-97595-medios-122-Aun-no-se-aplica-el-nuevo-Codigo-Urbano-pero-la-ciudad-ya-parece-bombardeada.html
Arquitectos e ingenieros están en contra
Aún no se aplica el nuevo Código Urbano pero la ciudad ya parece bombardeada
06-07-2010 / Así lo demuestra un relevamiento de obras realizado por los vecinos para Diagonales
En este lugar en el que trabaja un grupo de obreros, en 4 entre 54 y 55, había una casa antiguaDicen que la utopía quedó atrás, allá lejos y hace tiempo, cuando la ciudad perfecta, racionalista y humanista, al servicio de la comunidad, comenzó a expandirse sobre sus lados como una mancha de aceite, informe. Entonces, la cuadrícula perfecta, cruzada de lado a lado por dos diagonales, dejó de estar rodeada de quintas y parques para expandirse, desorganizada, en una conurbe que la ahogó. Después vinieron las torres para oficinas y más tarde los edificios de departamentos pero... ¿cuándo fue que se perdió el sueño de Pedro Benoit? Hay quien data la fecha de defunción del proyecto en La ley de Propiedad Horizontal, que habilitó que se puedan hacer más de una casa por lote, pero lo cierto es que La Plata crece en conflicto y su morfología cambia bajo el poder de las fuerzas del mercado desde los años '50. Y cada vez más vecinos advierten que se pone en riesgo la admirable idea conceptual que la vio nacer el 19 de noviembre de 1882.A 128 años de su fundación, la ciudad cuenta con un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) que los vecinos critican porque permitirá construir edificios más altos en el centro, pero que, según las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, desnuda la carencia de un plan para la ciudad y el partido. La casa de estudios manifestó su “preocupación por la ausencia de un diagnóstico serio y profundo, una evaluación de aplicación de la norma en vigencia, el acotado tiempo de desarrollo de las modificaciones y sus validaciones a partir de la construcción de consenso”. Y, en un comunicado, advirtió: “La ciudad es un bien de todos, y por ende la construcción de la misma debe ser consensuada para poder garantizar su sustentabilidad urbano ambiental, social y económica”.También el Centro de Ingenieros de la provincia planteo su oposición: “nos encontramos frente un código que no responde a ningún plan urbano ni vial sino mas bien a un agrupamiento de medidas desarticuladas”, lamentaron los profesionales, luego de recordar que “La Plata es el producto del proceso urbanístico más coherente y ambicioso que se haya desarrollado en la Argentina, y a pesar de ello no aprendimos a resguardar lo valioso que esto podría significar a largo plazo”.El COU todavía no se aplica, pero la ciudad ya parece bombardeada.
http://www.elargentino.com/nota-97595-medios-122-Aun-no-se-aplica-el-nuevo-Codigo-Urbano-pero-la-ciudad-ya-parece-bombardeada.html
Arquitectos e ingenieros están en contra
Aún no se aplica el nuevo Código Urbano pero la ciudad ya parece bombardeada
06-07-2010 / Así lo demuestra un relevamiento de obras realizado por los vecinos para Diagonales
En este lugar en el que trabaja un grupo de obreros, en 4 entre 54 y 55, había una casa antiguaDicen que la utopía quedó atrás, allá lejos y hace tiempo, cuando la ciudad perfecta, racionalista y humanista, al servicio de la comunidad, comenzó a expandirse sobre sus lados como una mancha de aceite, informe. Entonces, la cuadrícula perfecta, cruzada de lado a lado por dos diagonales, dejó de estar rodeada de quintas y parques para expandirse, desorganizada, en una conurbe que la ahogó. Después vinieron las torres para oficinas y más tarde los edificios de departamentos pero... ¿cuándo fue que se perdió el sueño de Pedro Benoit? Hay quien data la fecha de defunción del proyecto en La ley de Propiedad Horizontal, que habilitó que se puedan hacer más de una casa por lote, pero lo cierto es que La Plata crece en conflicto y su morfología cambia bajo el poder de las fuerzas del mercado desde los años '50. Y cada vez más vecinos advierten que se pone en riesgo la admirable idea conceptual que la vio nacer el 19 de noviembre de 1882.A 128 años de su fundación, la ciudad cuenta con un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) que los vecinos critican porque permitirá construir edificios más altos en el centro, pero que, según las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, desnuda la carencia de un plan para la ciudad y el partido. La casa de estudios manifestó su “preocupación por la ausencia de un diagnóstico serio y profundo, una evaluación de aplicación de la norma en vigencia, el acotado tiempo de desarrollo de las modificaciones y sus validaciones a partir de la construcción de consenso”. Y, en un comunicado, advirtió: “La ciudad es un bien de todos, y por ende la construcción de la misma debe ser consensuada para poder garantizar su sustentabilidad urbano ambiental, social y económica”.También el Centro de Ingenieros de la provincia planteo su oposición: “nos encontramos frente un código que no responde a ningún plan urbano ni vial sino mas bien a un agrupamiento de medidas desarticuladas”, lamentaron los profesionales, luego de recordar que “La Plata es el producto del proceso urbanístico más coherente y ambicioso que se haya desarrollado en la Argentina, y a pesar de ello no aprendimos a resguardar lo valioso que esto podría significar a largo plazo”.El COU todavía no se aplica, pero la ciudad ya parece bombardeada.
Llevarán la cruzada para defender los edificios históricos hasta la Justicia
ver en la web en:
http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-93618-titulo-Llevarn_la_cruzada_para_defender_los_edificios_histricos_hasta_la_Justicia
Llevarán la cruzada para defender los edificios históricos hasta la Justicia
Un grupo de vecinos, ambientalistas y profesionales platenses buscan frenar el aumento de demoliciones de casas antiguas en la ciudad, a partir del polémico COU del bruerismo, que favorece el negocio inmobiliario
Un grupo de vecinos, ambientalistas, miembros de ONG’s y profesionales platenses encararon una cruzada para torcer el rumbo que está tomando la ciudad a partir de la implementación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) bruerista, que cambiará la identidad arquitectónica platense para dar paso al millonario negocio inmobiliario de las torres de departamentos. Defienden los edificios históricos platenses de un destino de escombros que parece irremediable. Ahora, llevarán su reclamo a la Justicia provincial por irregularidades en la sanción del COU, y también a la nacional porque no se cumple un decreto que declara patrimonio histórico al casco fundacional de La Plata.Así lo definió la Asociación Civil en Defensa del Patrimonio Platense, que se reunió ayer para analizar los pasos a seguir, que incluyen manifestaciones públicas y las presentaciones judiciales que harán en los próximos días. También reiterarán el pedido de audiencia con el intendente Pablo Bruera para solicitarle la suspensión de las demoliciones por un plazo de 180 días, además del cumplimiento de las ordenanzas vigentes que protegen a más de dos mil construcciones que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. “En 2006 se confeccionó un listado de cerca de 1.800 casas que conforman el patrimonio histórico de la ciudad y que están protegidas”, aclaró José María Di Gregorio, de la organización Sotobosque. “Además, a través de la ordenanza 5.338, que también está vigente, se prohíben las demoliciones o refacciones en los edificios cuyos planos sean anteriores a 1940”, agregó el miembro de la asociación que defiende el patrimonio platense. Es decir, el número de casas históricas que se deberían preservar supera ampliamente las dos mil, de acuerdo a estimaciones en la asociación. Por otro lado, según explicó Federico Pérez Aznar, otro de los integrantes del grupo, “el nuevo COU está en vigencia a pesar de que tiene un veto parcial y de que no se convocaron estudios de impacto ambiental”. Además, “por el decreto nacional 1.308 de 1999 se declara patrimonio histórico nacional a los edificios del casco fundacional platense, por lo que se deberían seguir los criterios que dictan las leyes nacionales para su protección”.La arquitecta Poly Sovinsky, vecina platense que participa de la asociación en defensa del patrimonio local, planteó que “es necesaria una planificación de la ciudad porque con el nuevo COU nos afecta a todos”.“Vamos hacia una ciudad distinta, de alta densidad, edificios altos y sobre todo a la pérdida de la identidad platense”, agregó Elisa Araujo, de la asociación MACA. De la reunión de los vecinos, y miembros de organizaciones también participaron los concejales Gastón Crespo (GEN), Daniel Caferra (Nuevo Encuentro) y Julio Irurueta (PRO), que buscarán suspender el aumento de las demoliciones desde el Concejo Deliberante.
http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-93618-titulo-Llevarn_la_cruzada_para_defender_los_edificios_histricos_hasta_la_Justicia
Llevarán la cruzada para defender los edificios históricos hasta la Justicia
Un grupo de vecinos, ambientalistas y profesionales platenses buscan frenar el aumento de demoliciones de casas antiguas en la ciudad, a partir del polémico COU del bruerismo, que favorece el negocio inmobiliario
Un grupo de vecinos, ambientalistas, miembros de ONG’s y profesionales platenses encararon una cruzada para torcer el rumbo que está tomando la ciudad a partir de la implementación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) bruerista, que cambiará la identidad arquitectónica platense para dar paso al millonario negocio inmobiliario de las torres de departamentos. Defienden los edificios históricos platenses de un destino de escombros que parece irremediable. Ahora, llevarán su reclamo a la Justicia provincial por irregularidades en la sanción del COU, y también a la nacional porque no se cumple un decreto que declara patrimonio histórico al casco fundacional de La Plata.Así lo definió la Asociación Civil en Defensa del Patrimonio Platense, que se reunió ayer para analizar los pasos a seguir, que incluyen manifestaciones públicas y las presentaciones judiciales que harán en los próximos días. También reiterarán el pedido de audiencia con el intendente Pablo Bruera para solicitarle la suspensión de las demoliciones por un plazo de 180 días, además del cumplimiento de las ordenanzas vigentes que protegen a más de dos mil construcciones que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. “En 2006 se confeccionó un listado de cerca de 1.800 casas que conforman el patrimonio histórico de la ciudad y que están protegidas”, aclaró José María Di Gregorio, de la organización Sotobosque. “Además, a través de la ordenanza 5.338, que también está vigente, se prohíben las demoliciones o refacciones en los edificios cuyos planos sean anteriores a 1940”, agregó el miembro de la asociación que defiende el patrimonio platense. Es decir, el número de casas históricas que se deberían preservar supera ampliamente las dos mil, de acuerdo a estimaciones en la asociación. Por otro lado, según explicó Federico Pérez Aznar, otro de los integrantes del grupo, “el nuevo COU está en vigencia a pesar de que tiene un veto parcial y de que no se convocaron estudios de impacto ambiental”. Además, “por el decreto nacional 1.308 de 1999 se declara patrimonio histórico nacional a los edificios del casco fundacional platense, por lo que se deberían seguir los criterios que dictan las leyes nacionales para su protección”.La arquitecta Poly Sovinsky, vecina platense que participa de la asociación en defensa del patrimonio local, planteó que “es necesaria una planificación de la ciudad porque con el nuevo COU nos afecta a todos”.“Vamos hacia una ciudad distinta, de alta densidad, edificios altos y sobre todo a la pérdida de la identidad platense”, agregó Elisa Araujo, de la asociación MACA. De la reunión de los vecinos, y miembros de organizaciones también participaron los concejales Gastón Crespo (GEN), Daniel Caferra (Nuevo Encuentro) y Julio Irurueta (PRO), que buscarán suspender el aumento de las demoliciones desde el Concejo Deliberante.
Otra vez, se hizo justicia- ejemplo en Capital
Ver nota en www.pagina12.com.ar
Sábado, 26 de junio de 2010
Otra vez, se hizo justicia
Por Facundo de Almeida
*El caso de Montevideo 1250 fue un hito en la preservación del patrimonio arquitectónico en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la sanción del Código de Planeamiento Urbano en el año 2000 y hasta 2007 la presentación de un proyecto de catalogación de un inmueble recién tenía algún efecto cuando el subsecretario de Planeamiento Urbano dictaba una resolución inhibiendo la posibilidad de realizar obras y demoliciones en la parcela en estudio.Esto a veces sucedía, algunas no, y otras llegaba tarde, cuando alertados por la existencia de un proyecto de ley que pretendía preservar un inmueble los depredadores se adelantaban y lo demolían antes de que la Legislatura pudiera tratar el proyecto. Más de una vez, la intención de un legislador de proteger un edificio significó, en la práctica, firmar el acta de defunción.La presentación de un recurso de amparo por parte de la organización Basta de Demoler, abonado con los argumentos que le acercó al juez la entonces diputada Teresa de Anchorena, permitieron que en esa primera instancia y luego en la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario dieran fuerza legal a algo que era de sentido común.Si la protección preventiva de un inmueble que se pretendía proteger quedaba librada a la discrecionalidad del subsecretario de Planeamiento de turno, se impediría a los diputados ejercer la facultad constitucional de legislar, permitiendo la demolición del edificio en cuestión antes de que terminara el por cierto engorroso trámite legislativo.Este principio, de índole constitucional y no patrimonial, fue finalmente aceptado y ni siquiera los principales detractores del patrimonio se animaron a cuestionarlo. A partir de ese momento, la sola iniciación de un trámite de catalogación implicó la protección del edificio.Pero hasta ahora no había sido aceptado este criterio para los casos en los que se encontrara en estudio de la Legislatura un proyecto destinado a modificar la rezonificación de un área, esto es, cambiar las alturas permitidas, por ejemplo, reduciéndolas, como ocurrió en Caballito.Como este tipo de leyes requieren de un procedimiento de doble lectura –se trata en la Comisión de Planeamiento Urbano, el pleno de la Legislatura la aprueba en primera instancia, luego se realiza una audiencia pública, reingresa a la comisión, y posteriormente se vuelve a votar en el recinto– los depredadores inmobiliarios aprovechan ese período para solicitar permisos de obras por encima de las alturas que regirían luego de sancionada la ley.Esto ocurrió en el caso de Caballito y en muchos otros casos que estaban en estudio. Lo mismo sucedió en Villa Pueyrredón, pero aquí los legisladores Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria) y Adrián Camps (Proyecto Sur) presentaron un recurso de amparo en representación de Karina Vanesa Matera, María Inés Saracco, Nilda Carmen Graciela Coppola, Rosa Noemí Bandera, Romina Castro Toth, Pablo Hernán Sánchez Peralta, Claudia Nora Poggi, Alfredo Javier Reca y Cristina Leonor Loredo, todos ellos ciudadanos porteños y habitantes del barrio.El objeto de la medida, basada en el antecedente de lo resuelto por la Cámara en el caso de Montevideo, era lograr que la Justicia prohibiera al Ministerio de Desarrollo Urbano “el registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas y/o ampliaciones respecto de la traza correspondiente a la Av. Salvador María del Carril, entre la calle Campana y la Av. De los Constituyentes, y de la calle La Pampa, entre la Av. de los Constituyentes y la calle Burela de esta Ciudad (en adelante “la traza”), para la construcción de edificios que contraríen los parámetros urbanísticos establecidos en el proyecto de ley de aprobación inicial”.Es decir, pedían que el Poder Ejecutivo no pudiera autorizar obras que excedieran el límite de alturas que fijaba la ley que ya tenía aprobación inicial, y por lo tanto ya había recibido el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores porteños.La magistrada Andrea Danas, fiel representante de ese grupo de jueces porteños que nos tienen acostumbrados a adoptar medidas acertadas y a favor de los ciudadanos, en este y otros temas sensibles, resolvió “ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender el registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas o ampliaciones respecto de la traza para la construcción de edificios que contraríen los parámetros urbanísticos establecidos en el proyecto de ley de aprobación inicial publicado en el Boletín Oficial nº 3318, del 10/12/2009, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión ordinaria del 26/11/2009, y que tramita en dicho cuerpo bajo el expediente N 546D2009, hasta el dictado de la sentencia definitiva de autos. Esta medida incluye todos aquellos trámites iniciados hasta el presente o los que se soliciten en lo sucesivo, aun cuando se hubiese otorgado certificado de uso conforme o certificado de uso conforme condicional”.El 13 de mayo de este año la Legislatura sancionó la ley 3447, demostrando en los hechos que de no haber existido la rápida intervención de los legisladores y de la Justicia se habría vulnerado la facultad de los diputados y los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con los permisos que se otorgaron desde el momento en que se aprobó inicialmente la ley e incluso desde que comenzó el trámite parlamentario.Si bien sabemos que la resolución de la Justicia en un caso particular no es aplicable automáticamente a todos los casos, también es cierto que la contundencia y razonabilidad de una decisión judicial muchas veces modifica las conductas erradas de los funcionarios, a veces por convicción y otras por precaución.Esta medida cautelar solicitada por diputados de cuatro bloques opositores, que demuestra además la transversalidad política del tema patrimonial –tan transversal como el lobby de los depredadores que tienen representantes en casi todos los bloques parlamentarios–, debería producir dos efectos.El primero es que el ministro de Desarrollo Urbano dicte una resolución para que los funcionarios se abstengan de otorgar permisos de obra cuando un proyecto de ley para bajar las alturas de un área de la ciudad se encuentre en estudio, más aún si recibió aprobación inicial.El segundo efecto debería ser que el Ministerio de Cultura de una vez por todas reglamente el procedimiento de protección preventiva de los bienes que se encuentren en análisis para ser declarados como integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo ordena el decreto 312/06 reglamentario de la ley 1227 y firmado hace ya más de cuatro años.Si esto no ocurre seguramente seguirá habiendo reclamos judiciales cada vez que se avance en la regulación de alturas en la ciudad y se autoricen obras que puedan menoscabar la facultad de los legisladores y los derechos de los vecinos. En esos casos la responsabilidad de los funcionarios que firmen los permisos de obra será ineludible, porque la Justicia porteña ya avisó.Licenciado en Relaciones internacionales. Magister en Gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com
Sábado, 26 de junio de 2010
Otra vez, se hizo justicia
Por Facundo de Almeida
*El caso de Montevideo 1250 fue un hito en la preservación del patrimonio arquitectónico en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la sanción del Código de Planeamiento Urbano en el año 2000 y hasta 2007 la presentación de un proyecto de catalogación de un inmueble recién tenía algún efecto cuando el subsecretario de Planeamiento Urbano dictaba una resolución inhibiendo la posibilidad de realizar obras y demoliciones en la parcela en estudio.Esto a veces sucedía, algunas no, y otras llegaba tarde, cuando alertados por la existencia de un proyecto de ley que pretendía preservar un inmueble los depredadores se adelantaban y lo demolían antes de que la Legislatura pudiera tratar el proyecto. Más de una vez, la intención de un legislador de proteger un edificio significó, en la práctica, firmar el acta de defunción.La presentación de un recurso de amparo por parte de la organización Basta de Demoler, abonado con los argumentos que le acercó al juez la entonces diputada Teresa de Anchorena, permitieron que en esa primera instancia y luego en la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario dieran fuerza legal a algo que era de sentido común.Si la protección preventiva de un inmueble que se pretendía proteger quedaba librada a la discrecionalidad del subsecretario de Planeamiento de turno, se impediría a los diputados ejercer la facultad constitucional de legislar, permitiendo la demolición del edificio en cuestión antes de que terminara el por cierto engorroso trámite legislativo.Este principio, de índole constitucional y no patrimonial, fue finalmente aceptado y ni siquiera los principales detractores del patrimonio se animaron a cuestionarlo. A partir de ese momento, la sola iniciación de un trámite de catalogación implicó la protección del edificio.Pero hasta ahora no había sido aceptado este criterio para los casos en los que se encontrara en estudio de la Legislatura un proyecto destinado a modificar la rezonificación de un área, esto es, cambiar las alturas permitidas, por ejemplo, reduciéndolas, como ocurrió en Caballito.Como este tipo de leyes requieren de un procedimiento de doble lectura –se trata en la Comisión de Planeamiento Urbano, el pleno de la Legislatura la aprueba en primera instancia, luego se realiza una audiencia pública, reingresa a la comisión, y posteriormente se vuelve a votar en el recinto– los depredadores inmobiliarios aprovechan ese período para solicitar permisos de obras por encima de las alturas que regirían luego de sancionada la ley.Esto ocurrió en el caso de Caballito y en muchos otros casos que estaban en estudio. Lo mismo sucedió en Villa Pueyrredón, pero aquí los legisladores Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria) y Adrián Camps (Proyecto Sur) presentaron un recurso de amparo en representación de Karina Vanesa Matera, María Inés Saracco, Nilda Carmen Graciela Coppola, Rosa Noemí Bandera, Romina Castro Toth, Pablo Hernán Sánchez Peralta, Claudia Nora Poggi, Alfredo Javier Reca y Cristina Leonor Loredo, todos ellos ciudadanos porteños y habitantes del barrio.El objeto de la medida, basada en el antecedente de lo resuelto por la Cámara en el caso de Montevideo, era lograr que la Justicia prohibiera al Ministerio de Desarrollo Urbano “el registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas y/o ampliaciones respecto de la traza correspondiente a la Av. Salvador María del Carril, entre la calle Campana y la Av. De los Constituyentes, y de la calle La Pampa, entre la Av. de los Constituyentes y la calle Burela de esta Ciudad (en adelante “la traza”), para la construcción de edificios que contraríen los parámetros urbanísticos establecidos en el proyecto de ley de aprobación inicial”.Es decir, pedían que el Poder Ejecutivo no pudiera autorizar obras que excedieran el límite de alturas que fijaba la ley que ya tenía aprobación inicial, y por lo tanto ya había recibido el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores porteños.La magistrada Andrea Danas, fiel representante de ese grupo de jueces porteños que nos tienen acostumbrados a adoptar medidas acertadas y a favor de los ciudadanos, en este y otros temas sensibles, resolvió “ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender el registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas o ampliaciones respecto de la traza para la construcción de edificios que contraríen los parámetros urbanísticos establecidos en el proyecto de ley de aprobación inicial publicado en el Boletín Oficial nº 3318, del 10/12/2009, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión ordinaria del 26/11/2009, y que tramita en dicho cuerpo bajo el expediente N 546D2009, hasta el dictado de la sentencia definitiva de autos. Esta medida incluye todos aquellos trámites iniciados hasta el presente o los que se soliciten en lo sucesivo, aun cuando se hubiese otorgado certificado de uso conforme o certificado de uso conforme condicional”.El 13 de mayo de este año la Legislatura sancionó la ley 3447, demostrando en los hechos que de no haber existido la rápida intervención de los legisladores y de la Justicia se habría vulnerado la facultad de los diputados y los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con los permisos que se otorgaron desde el momento en que se aprobó inicialmente la ley e incluso desde que comenzó el trámite parlamentario.Si bien sabemos que la resolución de la Justicia en un caso particular no es aplicable automáticamente a todos los casos, también es cierto que la contundencia y razonabilidad de una decisión judicial muchas veces modifica las conductas erradas de los funcionarios, a veces por convicción y otras por precaución.Esta medida cautelar solicitada por diputados de cuatro bloques opositores, que demuestra además la transversalidad política del tema patrimonial –tan transversal como el lobby de los depredadores que tienen representantes en casi todos los bloques parlamentarios–, debería producir dos efectos.El primero es que el ministro de Desarrollo Urbano dicte una resolución para que los funcionarios se abstengan de otorgar permisos de obra cuando un proyecto de ley para bajar las alturas de un área de la ciudad se encuentre en estudio, más aún si recibió aprobación inicial.El segundo efecto debería ser que el Ministerio de Cultura de una vez por todas reglamente el procedimiento de protección preventiva de los bienes que se encuentren en análisis para ser declarados como integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo ordena el decreto 312/06 reglamentario de la ley 1227 y firmado hace ya más de cuatro años.Si esto no ocurre seguramente seguirá habiendo reclamos judiciales cada vez que se avance en la regulación de alturas en la ciudad y se autoricen obras que puedan menoscabar la facultad de los legisladores y los derechos de los vecinos. En esos casos la responsabilidad de los funcionarios que firmen los permisos de obra será ineludible, porque la Justicia porteña ya avisó.Licenciado en Relaciones internacionales. Magister en Gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com
Amparo, ley nacional e insistencias
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Sábado, 3 de julio de 2010
Amparo, ley nacional e insistencias
El CAAP se niega a dejar de quebrar la ley, el Quartier de San Telmo recibe un amparo y el patrimonio empieza a caminar a nivel federal. Vidt y Paraguay, condenado a ser demolido por el CAAP por razones misteriosas. Los consejeros consideraron que no vale la pena preservar este edificio y lo “desestimaron”.Por Sergio KiernanHubo un tiempo en que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales era una amable reunión de asesores del Ministerio de Desarrollo Urbano –o de Planeamiento, como era antes– con un encarguito casi abstracto. El ministerio que representa los intereses de la demolición y la especulación cada tanto tenía que frenar a alguien, cuando la Legislatura decidía catalogar algún edificio. Como esto sucedía casi a las perdidas –un puñado por década–, el ministerio podía encogerse de hombros cuando pasaba alguien por ventanilla pidiendo permiso para demoler algo todavía no catalogado. El Consejo era consultado, sin apuro, cuando llegaba una comunicación de la Legislatura, y entonces se inhibía o no el edificio en cuestión.Todo esto cambió con la ley 2548 y volvió a cambiar mucho más con la 3056, que crearon un nuevo sistema. No se puede demoler nada anterior a 1941 sin un trámite especial, que consiste en que el Consejo vea el edificio en cuestión y acepte la demolición –o remodelación– o la rechace, con lo que el trámite va a la Legislatura para su catalogación (o no). En su momento, este sistema despertó la alegría de los que esperan que algún gobierno porteño haga respetar la Constitución de la Ciudad y proteja el patrimonio.Pero no contaban con la astucia del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que es un hombre muy soberbio, un arquitecto olvidable, pero un soldado de cierto sector económico. Chaín, vía su subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, inventó que el Consejo tiene que ver no sólo el edificio cuya demolición se solicita sino su entorno. Por lo que los consejeros ven cada martes una completa ficha de la manzana entera y deciden sobre todos los edificios anteriores a 1941. Cosa rara, en la ley 3056 no dice nada sobre esto, sólo se mencionan los trámites específicamente solicitados por ventanilla.El truco consiste en que por cada edificio recomendado a catalogar se autoriza, sin que nadie lo pregunte, la demolición de varios otros. La proporción es demoledora, de a docena por cada catalogable, que nada casualmente suelen ser edificios grandes, que no corren peligro porque demolerlos no es rentable para los especuladores. Las razones que se aducen llegan a lo pueril: se cambió una ventana, se pintó la fachada, se hizo un local en planta baja. Los consejeros se refugian en que catalogar es algo así como un premio y no hay que dárselo a los que cambiaron un edificio. No entienden ni quieren entender que la catalogación es una manera de proteger edificios y eventualmente forzar su restauración.La lista así compilada es un valioso servicio a la piqueta, una apertura de la temporada de caza con el mapa de dónde está cada conejo. Susana Mesquida, que se encarga de Patrimonio en el ministerio de Chaín y Lostri, defiende la legalidad del mecanismo con razonamientos arcanos. Las representantes de la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura, las defienden con rencor –“tu suplemento le hace daño a mucha gente buena”, les encanta decir a m2– y los que representan a entidades no gubernamentales –Cicop, Instituto de Investigaciones Históricas de la Arquitectura y el Urbanismo, UBA, SCA– adhieren o por solidaridad entre arquitectos o porque consideran normal cerrar de una vez la cuestión de qué se puede demoler, que no es lo mismo que cerrar la cuestión de qué se va a proteger.Por suerte, hay un miembro del Consejo que no es arquitecta, ni considera normal quebrar la ley y arriesgarse a una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público (que alcanza a todos los miembros, aunque no sean funcionarios de carrera, por haber aceptado un asiento en el Consejo). Mónica Capano dirige la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural con mandato de la Legislatura, y está preparando un escrito para deslindarse explícitamente del mecanismo inventado y entrampar al Consejo. Capano tiene un sentido común sumamente robusto y entiende claramente que no se puede autorizar algo tan vinculante como una demolición con argumentos de seminario en la FADU, si no se tiene el respaldo del voto o una ley. Los consejeros no tienen ni lo uno, ni lo otro.
En el CongresoMientras en el Mercado del Plata se cuecen esas habas, en el Congreso está apareciendo la agenda patrimonial de un modo sorprendentemente claro. El diputado Horacio Piemonte –de la Coalición Cívica, con años de militancia en Suteba, en el Frente Grande y el Frepaso– presentó un claro proyecto de ley de preservación. Lo que busca Piemonte es crear una entidad nacional que ayude a conservar edificios, lugares, colecciones, monumentos, parques y yacimientos, o sea el stock de cosas importantes, hermosas y cargadas de historia que tiene el país. El diputado anduvo investigando leyes similares de otros países, y explicó a m2 las cuerdas principales de su proyecto. Por un lado está simplemente la necesidad de cumplir con el artículo 41 de la Constitución, que ordena preservar el patrimonio nacional. Sin leyes que accionen este mandato, es como si no existiera...Segundo, se quiere imponer “una visión más moderna del patrimonio, que salga de la pieza notable, del monumento, y tome conjuntos por prioridades sociales, etnográficas y ambientales”. Piemonte entiende bien el funcionamiento de una ley nacional, que sirve de marco para legislaciones provinciales y hasta municipales. A la vez, tener una ley a nivel federal permite a la sociedad impulsar sus peleas locales, con un respaldo grandote. Quienes ven las batallas perdidas en pueblos y ciudades entienden bien el calibre de una herramienta así.Piemonte incluye en su proyecto un grado de energía ejecutiva muy agradable. La idea es crear una comisión con capacidades de acción y un régimen de castigos. “Yo sé que existe el peligro del reglamentarismo –explica–, pero si no se especifican castigos, las leyes son una expresión de deseos nobles, nada más.” Con lo que el proyecto detalla multas y sanciones a quienes destruyan bienes catalogados.Y un gran elemento es la explícita inclusión de la acción ciudadana. Esto es porque la experiencia demuestra que sin ONG y sin vecinos movilizados en temas de patrimonio, nada ocurre ni ocurrirá. Habrá que ver el camino de este proyecto en el Congreso –que empieza por la Comisión de Cultura que preside Roy Cortina– y ver cómo se gana justamente el apoyo de los grupos ciudadanos.
El QuartierQuien pase por San Telmo, Garay arriba a la altura de Piedras, ya verá el primer piso del Quartier, la torre que amenaza arruinar el barrio. Como se veía en los render y como se adivinaba, es un mazacote de hormigón sin gracia ni estilo, el tipo de cosa que pasa por arquitectura en este país. Quien mire bien verá que no hay nadie trabajando, porque la Justicia porteña hizo lugar al amparo presentado por Basta de Demoler y la obra está paralizada.El amparo explica en números el bodrio: 30 mil metros cuadrados sobre 27 pisos, a casi 90 metros de altura, sin estudios ni inversión en las redes de servicios de un barrio básicamente de casas bajas. Tampoco se tuvo en cuenta que un barrio no es un espacio abstracto, una plancheta del código, sino “una unidad territorial” con factores propios que le dan cierta homogeneidad que no puede quebrarse así nomás. Construir una mole así le va a cambiar el carácter a San Telmo de un modo definitivo, sin retorno, lo que quiebra la Constitución porteña. En resumen, lo que plantea Basta de Demoler es que la obra nunca debió ser autorizada y que ese permiso debe ser revocado.Una originalidad del planteo es que se menciona el concepto de “contaminación arquitectónica”, metáfora feliz para la mancha de petróleo de edificios anómicos que se incrusta hasta destruir todo carácter a los barrios. Los apelantes explican al juez que el daño que causa este tipo de contaminación no tiene arreglo, afecta los derechos adquiridos de los vecinos que ya viven en el barrio y resulta una violenta imposición de los intereses de unos pocos sobre los derechos de muchos.Para pedir el revocamiento del permiso de obra, Basta de Demoler denuncia que la Ciudad no hizo los estudios ambientales y por tanto se trata de un abuso de derecho, que no cumplió con su propio Plan de Manejo del Casco Histórico y que no debería haber permitido la obra simplemente porque la Legislatura está tratando la expansión del APH1 hasta Parque Lezama.
Sábado, 3 de julio de 2010
Amparo, ley nacional e insistencias
El CAAP se niega a dejar de quebrar la ley, el Quartier de San Telmo recibe un amparo y el patrimonio empieza a caminar a nivel federal. Vidt y Paraguay, condenado a ser demolido por el CAAP por razones misteriosas. Los consejeros consideraron que no vale la pena preservar este edificio y lo “desestimaron”.Por Sergio KiernanHubo un tiempo en que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales era una amable reunión de asesores del Ministerio de Desarrollo Urbano –o de Planeamiento, como era antes– con un encarguito casi abstracto. El ministerio que representa los intereses de la demolición y la especulación cada tanto tenía que frenar a alguien, cuando la Legislatura decidía catalogar algún edificio. Como esto sucedía casi a las perdidas –un puñado por década–, el ministerio podía encogerse de hombros cuando pasaba alguien por ventanilla pidiendo permiso para demoler algo todavía no catalogado. El Consejo era consultado, sin apuro, cuando llegaba una comunicación de la Legislatura, y entonces se inhibía o no el edificio en cuestión.Todo esto cambió con la ley 2548 y volvió a cambiar mucho más con la 3056, que crearon un nuevo sistema. No se puede demoler nada anterior a 1941 sin un trámite especial, que consiste en que el Consejo vea el edificio en cuestión y acepte la demolición –o remodelación– o la rechace, con lo que el trámite va a la Legislatura para su catalogación (o no). En su momento, este sistema despertó la alegría de los que esperan que algún gobierno porteño haga respetar la Constitución de la Ciudad y proteja el patrimonio.Pero no contaban con la astucia del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que es un hombre muy soberbio, un arquitecto olvidable, pero un soldado de cierto sector económico. Chaín, vía su subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, inventó que el Consejo tiene que ver no sólo el edificio cuya demolición se solicita sino su entorno. Por lo que los consejeros ven cada martes una completa ficha de la manzana entera y deciden sobre todos los edificios anteriores a 1941. Cosa rara, en la ley 3056 no dice nada sobre esto, sólo se mencionan los trámites específicamente solicitados por ventanilla.El truco consiste en que por cada edificio recomendado a catalogar se autoriza, sin que nadie lo pregunte, la demolición de varios otros. La proporción es demoledora, de a docena por cada catalogable, que nada casualmente suelen ser edificios grandes, que no corren peligro porque demolerlos no es rentable para los especuladores. Las razones que se aducen llegan a lo pueril: se cambió una ventana, se pintó la fachada, se hizo un local en planta baja. Los consejeros se refugian en que catalogar es algo así como un premio y no hay que dárselo a los que cambiaron un edificio. No entienden ni quieren entender que la catalogación es una manera de proteger edificios y eventualmente forzar su restauración.La lista así compilada es un valioso servicio a la piqueta, una apertura de la temporada de caza con el mapa de dónde está cada conejo. Susana Mesquida, que se encarga de Patrimonio en el ministerio de Chaín y Lostri, defiende la legalidad del mecanismo con razonamientos arcanos. Las representantes de la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura, las defienden con rencor –“tu suplemento le hace daño a mucha gente buena”, les encanta decir a m2– y los que representan a entidades no gubernamentales –Cicop, Instituto de Investigaciones Históricas de la Arquitectura y el Urbanismo, UBA, SCA– adhieren o por solidaridad entre arquitectos o porque consideran normal cerrar de una vez la cuestión de qué se puede demoler, que no es lo mismo que cerrar la cuestión de qué se va a proteger.Por suerte, hay un miembro del Consejo que no es arquitecta, ni considera normal quebrar la ley y arriesgarse a una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público (que alcanza a todos los miembros, aunque no sean funcionarios de carrera, por haber aceptado un asiento en el Consejo). Mónica Capano dirige la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural con mandato de la Legislatura, y está preparando un escrito para deslindarse explícitamente del mecanismo inventado y entrampar al Consejo. Capano tiene un sentido común sumamente robusto y entiende claramente que no se puede autorizar algo tan vinculante como una demolición con argumentos de seminario en la FADU, si no se tiene el respaldo del voto o una ley. Los consejeros no tienen ni lo uno, ni lo otro.
En el CongresoMientras en el Mercado del Plata se cuecen esas habas, en el Congreso está apareciendo la agenda patrimonial de un modo sorprendentemente claro. El diputado Horacio Piemonte –de la Coalición Cívica, con años de militancia en Suteba, en el Frente Grande y el Frepaso– presentó un claro proyecto de ley de preservación. Lo que busca Piemonte es crear una entidad nacional que ayude a conservar edificios, lugares, colecciones, monumentos, parques y yacimientos, o sea el stock de cosas importantes, hermosas y cargadas de historia que tiene el país. El diputado anduvo investigando leyes similares de otros países, y explicó a m2 las cuerdas principales de su proyecto. Por un lado está simplemente la necesidad de cumplir con el artículo 41 de la Constitución, que ordena preservar el patrimonio nacional. Sin leyes que accionen este mandato, es como si no existiera...Segundo, se quiere imponer “una visión más moderna del patrimonio, que salga de la pieza notable, del monumento, y tome conjuntos por prioridades sociales, etnográficas y ambientales”. Piemonte entiende bien el funcionamiento de una ley nacional, que sirve de marco para legislaciones provinciales y hasta municipales. A la vez, tener una ley a nivel federal permite a la sociedad impulsar sus peleas locales, con un respaldo grandote. Quienes ven las batallas perdidas en pueblos y ciudades entienden bien el calibre de una herramienta así.Piemonte incluye en su proyecto un grado de energía ejecutiva muy agradable. La idea es crear una comisión con capacidades de acción y un régimen de castigos. “Yo sé que existe el peligro del reglamentarismo –explica–, pero si no se especifican castigos, las leyes son una expresión de deseos nobles, nada más.” Con lo que el proyecto detalla multas y sanciones a quienes destruyan bienes catalogados.Y un gran elemento es la explícita inclusión de la acción ciudadana. Esto es porque la experiencia demuestra que sin ONG y sin vecinos movilizados en temas de patrimonio, nada ocurre ni ocurrirá. Habrá que ver el camino de este proyecto en el Congreso –que empieza por la Comisión de Cultura que preside Roy Cortina– y ver cómo se gana justamente el apoyo de los grupos ciudadanos.
El QuartierQuien pase por San Telmo, Garay arriba a la altura de Piedras, ya verá el primer piso del Quartier, la torre que amenaza arruinar el barrio. Como se veía en los render y como se adivinaba, es un mazacote de hormigón sin gracia ni estilo, el tipo de cosa que pasa por arquitectura en este país. Quien mire bien verá que no hay nadie trabajando, porque la Justicia porteña hizo lugar al amparo presentado por Basta de Demoler y la obra está paralizada.El amparo explica en números el bodrio: 30 mil metros cuadrados sobre 27 pisos, a casi 90 metros de altura, sin estudios ni inversión en las redes de servicios de un barrio básicamente de casas bajas. Tampoco se tuvo en cuenta que un barrio no es un espacio abstracto, una plancheta del código, sino “una unidad territorial” con factores propios que le dan cierta homogeneidad que no puede quebrarse así nomás. Construir una mole así le va a cambiar el carácter a San Telmo de un modo definitivo, sin retorno, lo que quiebra la Constitución porteña. En resumen, lo que plantea Basta de Demoler es que la obra nunca debió ser autorizada y que ese permiso debe ser revocado.Una originalidad del planteo es que se menciona el concepto de “contaminación arquitectónica”, metáfora feliz para la mancha de petróleo de edificios anómicos que se incrusta hasta destruir todo carácter a los barrios. Los apelantes explican al juez que el daño que causa este tipo de contaminación no tiene arreglo, afecta los derechos adquiridos de los vecinos que ya viven en el barrio y resulta una violenta imposición de los intereses de unos pocos sobre los derechos de muchos.Para pedir el revocamiento del permiso de obra, Basta de Demoler denuncia que la Ciudad no hizo los estudios ambientales y por tanto se trata de un abuso de derecho, que no cumplió con su propio Plan de Manejo del Casco Histórico y que no debería haber permitido la obra simplemente porque la Legislatura está tratando la expansión del APH1 hasta Parque Lezama.
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