LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL COU, IMPULSADA POR DEFENDAMOS LA PLATA, ES PRUEBA.
"Según relataron desde Afavi y el colectivo de abogados patrocinantes: "En el primer caso, se parte de que las autoridades municipales y provinciales tenían pleno conocimiento de que existían condiciones de posibilidad para que se realice lo que ocurrió (...)"
"destacaron: "La prueba son los informes previos de la Universidad Nacional de La Plata y de expertos en la materia, que se habían realizado en virtud de las inundaciones previas (...) y el amparo presentado tras la sanción del Código de Ordenamiento Urbano (COU) platense, que dilató por varios meses su aplicación".
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Piden indagar a Scioli y a Bruera por las inundaciones de hace dos años en La Plata
Víctimas de la tragedia los consideran responsables por las 89 muertes ocurridas
LA PLATA.- Una asociación de víctimas de la inundación del 2 de abril de 2013, que dejó un saldo de 89 muertos en esta capital, pidió a la justicia penal que llame a declaración indagatoria al gobernador Daniel Scioli, al intendente Pablo Bruera y a otros cinco altos funcionarios de la provincia y la municipalidad.
Los querellantes piden procesar a Scioli y a Bruera por considerarlos "penalmente responsables de los hechos ocurridos el 2 y 3 de abril de 2013". La presentación fue realizada en la causa principal (IPP 13275/13), a cargo del juez titular del Juzgado de Garantías N° 1, Guillermo Atencio, que instruye el fiscal Jorge Paolini.
Precisamente, esta fiscalía firmó una resolución que tomará estado público en las próximas horas, según pudo saber LA NACION.
Mientras se espera el detalle de esa resolución, ayer la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación (Afavi) pidió indagar al gobernador provincial y al intendente municipal.
También solicitó la indagatoria del ministro de Infraestructura de la provincia, Alejandro Arlía; del entonces ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal; del ministro de Salud de la provincia, Alejandro Collia; del secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata, Enrique Sette, y del jefe de gabinete municipal, Santiago Martorelli.
El tenor de las imputaciones que se le hacen a cada uno de estos funcionarios está relacionado con el rol que tuvo cada uno, antes, durante y después de los hechos.
En el caso de Scioli, se lo imputa bajo el encuadre de "infracción de deber" por los delitos de homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario público y estrago en concurso real.
En la presentación, se considera que los "hechos criminales se suceden en tres momentos: acciones y omisiones llevadas adelante con anterioridad al 2 de abril de 2013, hechos ocurridos el 2 y 3 de abril, hechos ocurridos con posterioridad".
Según relataron desde Afavi y el colectivo de abogados patrocinantes: "En el primer caso, se parte de que las autoridades municipales y provinciales tenían pleno conocimiento de que existían condiciones de posibilidad para que se realice lo que ocurrió y para evitarlo resultaba necesario el despliegue activo de distintas esferas del gobierno provincial y municipal; llevar adelante las obras hídricas-hidráulicas solicitadas, diseñar un plan de contingencia, y una serie de medidas (con) recursos materiales y humanos del Estado provincial y municipal".
En ese sentido, destacaron: "La prueba son los informes previos de la Universidad Nacional de La Plata y de expertos en la materia, que se habían realizado en virtud de las inundaciones previas (2002, 2005 y 2008); el decreto 486/08, que Daniel Scioli dictó, por el cual se declara el estado de emergencia hídrica en diversos partidos de la provincia, entre ellos, La Plata, Berisso y Ensenada; y el amparo presentado tras la sanción del Código de Ordenamiento Urbano (COU) platense, que dilató por varios meses su aplicación".
Luego, aseguran: "En cuanto al segundo momento, se destaca la ausencia total de un plan de contingencia, razón por la cual la mayoría de los vecinos se tuvo que autoevacuar. La capacidad de respuesta frente a las inundaciones puede ser incrementada con la implementación de un plan de contingencias climáticas y sociales que incluya sistemas de alerta temprana, modificaciones en la red de estaciones de observación meteorológica, planes de evacuación y otras medidas preventivas, para un rápido impacto en la reducción de pérdidas tanto humanas como materiales". La falta de este plan, aseguran, tuvo consecuencias fatales en al menos 11 casos.
"En cuanto a los hechos posteriores, se destaca que la respuesta del Estado por medio del Comité de Crisis tuvo como principal eje la militarización de la ciudad y no la implementación de medidas que hubieran podido salvar vidas y aminorar las consecuencias sanitarias", remarcaron.
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