Hoy Marchamos a Tribunales en defensa del Jardín de la AJB

Hoy, miércoles 11 de agosto volvemos a acompañar a los docentes, trabajadores, padres y vecinos del Jardín Maternal de la Asociación Judicial Bonaerense, para preservar este edificio de valor histórico y afectivo para la Ciudad, y en defensa de las fuentes de trabajo de esta institución.

"En una reunión celebrada durante el mes de julio, la Presidente de la Suprema Corte, Hilda Kogan, manifestó la intención de construir un edificio de cinco pisos para instalar la Cámara de Apelaciones donde hoy funciona el Jardín Maternal del Poder Judicial de La Plata. En su lugar, le pagarían el subsidio por guardería a los trabajadores judiciales, echando por tierra 32 años de historia."
(ver nota en el sitioweb de la AJB)

La convocatoria está anunciada para las 14hs. en 45 e/ 13 y 14, y de allí se marchará hasta las puertas de los Tribunales en 13 y 47.

LA CIUDAD DESREGULADA

La Pulseada - NÚMERO 80 - JUNIO 2010

Se aprobó un nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Las reuniones de la Comisión de Planeamiento se hicieron en un domicilio particular. Ignoraron las voces de alerta de organizaciones sociales y especialistas. No se analizaron riesgos ambientales ni la estructura de servicios públicos. Finalmente, el 28 de abril el Concejo Deliberante aprobó un código urbano que hará de La Plata una ciudad con menos sol y con más especulación inmobiliaria. La Pulseada recupera los debates sobre una normativa que consolida un reparto urbano excluyente.

Por Matías David López y Federico Sager
Edición: Daniel Badenes
Colaboración: Josefina Oliva
Fotografía: Marina Losada

“Esto es un menemismo tardío, permite que se siga desintegrando la sociedad”, señala sobre la nueva norma de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo el concejal del partido, Daniel Caferra. El Estado, dice, debería velar por una sociedad integrada “que no sea una sucesión de countries donde cada uno está separado de los demás (...) El objetivo primero es que haya una comunidad” y no que zonas muy ricas convivan con otras ocupadas por “ciudadanos que dejan de ser ciudadanos para ser meros habitantes, que van a meterse al lado de los arroyos, en un bañado, en cualquier lugar porque no tienen acceso posible…”.

La Plata nació en el siglo XIX para ser capital, proyectada antes de construirse, a partir de ideas de un urbanismo moderno e higienista propias de su época. Encarada desde el Estado, se distinguió por sus amplios espacios verdes, las arboledas en sus veredas y ramblas, y las rápidas vías de comunicación. No sólo el trazado urbano constituyó su valioso patrimonio arquitectónico, sino también los importantes edificios públicos.

Ese modelo de ciudad comenzó a declinar en las últimas décadas debido a que el gran crecimiento demográfico no fue acompañado por un proyecto de planificación urbana integral. El aumento poblacional trajo asentamientos, un mayor número de edificios en el casco urbano, más vehículos, más contaminación, saturación de los servicios públicos y falta de preservación del patrimonio histórico. En 1998 la ciudad se presentó ante la UNESCO para ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero el intento quedó suspendido: los especialistas objetaron la ausencia de políticas de conservación estética y arquitectónica (La Pulseada26).

En 2000 se aprobó un Código de Planeamiento Urbano (ordenanza Nº 9231). Fue durante la gestión del ex Intendente Julio Alak, después de cuatro años de debate entre diferentes actores institucionales y profesionales, que integraron el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), creado en 1996 como espacio para analizar, debatir y generar propuestas de mejoramiento de la ciudad.

En la reciente reforma del Código, por el contrario, no fue respetada la ordenanza que exige la intervención del COUT. Sólo se convocó a las cámaras constructoras, a ciertas empresas inmobiliarias y a un reducido grupo de especialistas, generando un fuerte repudio de parte de distintos sectores que no fueron llamados y que criticaron la premura por votar la norma y sus objetivos. “El código es desregulador… Lo que estaba planificado, lo desplanifica”, define Julio Santana, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos.

La timba inmobiliaria

En noviembre de 2009 hubo un primer intento de aprobar la iniciativa sin debate, pero su tratamiento se frenó por diferencias dentro del bloque oficialista. Ese intento fallido de votación silenciosa alertó a organizaciones políticas y sociales, a la Universidad y al Colegio de Arquitectos, quienes inmediatamente comenzaron a reunirse para definir un plan de acción.
El oficialismo presentó el cambio de ordenanza como una actualización de la normativa y aseguró que sólo introduciría modificaciones de algunos artículos del anterior Código. Sin embargo, como alertan varios críticos del proyecto, se está en presencia de una reforma integral que profundiza un modelo de ciudad excluyente.

Una de las novedades más cuestionadas que introduce es la posibilidad de construir edificios de hasta catorce pisos en el centro de la ciudad. Esto lleva a pensar que el objetivo principal no sería mejorar la calidad de vida de los platenses sino acrecentar el negocio de un puñado de constructoras e inmobiliarias. “Entra todo en un espiral de especulación y de alza de precios -por supuesto también los alquileres, créditos para comprar en eso-… Nosotros decimos que no es inversión, es timba”, sentencia Caferra.

Para Teresa Urriza, concejal del Frente para la Victoria , “este modelo de configuración urbana, de concentración en las áreas centrales y de baja densidad en los bordes, atenta contra un uso más equilibrado y homogéneo del casco urbano (...) Es una configuración piramidal”. La legisladora sostiene que “en lo que hace a la periferia, no se ha abordado en términos integrales la problemática del crecimiento urbano, ni los criterios de intervención en las áreas periurbana y rural”, y agrega que “las áreas urbanas de este sector (que concentran el 65% de la población) son tan ciudad como las comprendidas dentro del casco y presentan los mayores problemas de degradación urbana, déficit de infraestructura básica y exclusión social”.

En tanto, para el abogado Franco Pedersoli , la reformatiene “coherencia” ya que propone el fortalecimiento de “un modelo de mercantilización de la ciudad, que prioriza los intereses de un sector, el privado, y por otro lado, sale a criminalizar a los sectores populares cuando deciden realizar una toma de tierras o asentarse en determinadas tierras”. Según Pedersoli, integrante delColectivo de Investigaciَn y Acciَn Jurيdica (CIAJ), los impulsores del nuevo Cَdigo “se rehúsan a intercambiar opiniones con los sectores que construyen la otra ciudad”.

Sin participación

Desde el intento frustrado de reforma, a fines de 2009, organizaciones que advirtieron la importancia del tema se autoconvocaron para abrir el debate. La primera iniciativa fue un encuentro en el Concejo Deliberante promovido por la Constituyente Social, espacio de coordinación política iniciado por la CTA. Al mismo tiempo, los partidos de la oposición –sobre todo Encuentro por la Democracia y la Equidad - se declararon en estado de alerta para ponerle freno al proyecto oficial. Así comenzaron a realizarse jornadas de discusión en distintos barrios platenses (Gonnet, Villa Elisa, Los Hornos), que contaron con la participación de especialistas en urbanismo, geólogos, horticultores, concejales, organizaciones ambientalistas, sindicales, estudiantiles y barriales y, fundamentalmente, vecinos.

Sin embargo, el debate en la Comisión de Planeamiento se desarrolló a puertas cerradas. Las reuniones presididas por el concejal oficialista Francisco E. Capparelli no se realizaron en una dependencia municipal, como sería de esperar, sino en el departamento de un particular, sin permitir el acceso a la prensa ni a la ciudadanía. “La reforma del Código atañe a toda la población –denunciaron los concejales del Frente para la Victoria-. Si se prohíbe a los vecinos la posibilidad de escuchar el debate y a la prensa de comunicar lo que acontece en las reuniones de Comisión, se está cercenando el derecho a la información e incumpliendo el reglamento que indica que este tipo de reuniones son públicas”. Pero el oficialismo siguió discutiendo en secreto.

En una de las reuniones de la Comisión de Planeamiento, desapareció un grabador con el que Teresa Urriza registraba las reuniones. El presidente de la comisión se lo devolvió una vez que el episodio trascendió públicamente.

Los ánimos volvieron a caldearse cuando Capparelli intentó tratar el articulado del Código sin contar con el plano del distrito, algo fundamental en un proyecto que regula el uso del suelo. La oposición se retiró en señal de repudio y el bruerismo siguió adelante.

“No veo cuál es la necesidad y la urgencia”, planteaba la Defensora del Pueblo María Monserrat Lapalma: “creo que habría que discutirlo un poco más, consensuar estas cosas, algunas por lo menos, como para ir planteando ´el modelo´ de ciudad que se pretende” y evitar “que la ciudad siga emparchándose”. Lapalma también cuestiona la falta de consulta oficial a las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, cloacas, gas y electricidad). Asegura que en una reunión que mantuvo por la suba de tarifas, los representantes de las compañías manifestaron que “apenas pueden atender el mantenimiento de los que hay, carecen de posibilidad de inversión”.

En ese sentido, en uno de los debates públicos, que se realizó en el de Fomento Alumni de Los Hornos, el especialista en hidrología Jorge Mugni pronosticó que, si no se realizan obras de infraestructura, la ciudad va a estar en riesgo sanitario. “Si una ciudad crece para arriba, antes tiene que crecer para abajo”, remarcó el geólogo, y señaló que ya se está sufriendo la pérdida de calidad, cantidad y presión de agua potable en la región.

Para sumar algunos votos, el oficialismo incluyó en el proyecto el llamado “Certificado de Prefactibilidad”, que deberán emitir las prestadoras de servicios públicos (Camuzzi, Edelap, ABSA, etc.), para que la Comuna habilite la construcción de un edificio. A nivel macro, el trámite de la ordenanza no estudió las posibilidades de la infraestructura existente para soportar más densidad urbana ni previó la inversión para realizar obras complementarias.

Antes de la votación, el distrito platense del Colegio de Arquitectos de Buenos Aires dio a conocer su posición en una carta pública: “aparece una propuesta esencialmente cuantitativa de ocupación de suelo (...) sin considerar otras variables fundamentales tales como infraestructura, transporte, tránsito” . La entidad reconoce que es necesario modificar el COU, pero plantea un “desacuerdo con la metodología utilizada para producir la norma y por ende con sus resultados”. Julio Santana, uno de los miembros del Consejo Directivo, el carácter “desregulador” del Código: “va a hacer que una ciudad que nació planificada -y eso le da un plus- se desplanifique, por lo tanto, que pase a ser más parecida a cualquier distrito del conurbano donde se puede hacer, prácticamente, lo que cada dueño de terreno quiera hacer en cada momento”. Santana sostiene que “una ciudad prospera cuando sus habitantes pueden desarrollar con la ciudad los mejores negocios posibles. Ahora, el Estado debe limitar cuáles son los niveles de ganancia que tienen y distribuir hacia los que tienen menos posibilidades de ganar, hacia la cantidad de marginados que existen hoy en nuestras ciudades y también en La Plata, parte de ese dinero que se gana con el desarrollo y con la producción”.
Para el arquitecto Gabriel Giordano, no hay dudas que con el nuevo Código la renta urbana “va a quedar en manos de unos pocos”, lo cual va a “desplazar sectores populares y a hacer más inequitativa la ciudad”.

En tanto, el presidente de la ONG “Nuevo Ambiente”, Darío Medina, sostiene que estas cuestiones deberían tratarse regionalmente, y que el Código recientemente votado “no tiene ningún tipo de diagnóstico y análisis sobre los acuíferos, el tema de contaminaciones de todo tipo: ambiental, de ruidos, la zonificación o densificación de zonas que infraestructuralmente son escasas”. Miembros de esta organización se reunieron con la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante y le plantearon su preocupación ante la falta de análisis sobre el impacto del nuevo Código porque “es necesario pensar la ciudad integralmente”.

Para Gastón Crespo, concejal del Partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), “era necesario convocar a todos los actores de la ciudad -sociales, culturales, económicos, deportivos-, para discutir un proyecto de ciudad, hacia dónde queremos que la ciudad crezca, qué perfil productivo, qué desarrollo de ciencia y técnica, qué vamos a hacer con el cordón verde hortícola, con los servicios, con el transporte, discutir un plan estratégico de desarrollo y recién después discutir un plan y un código de ordenamiento urbano”.

Finalmente, ninguno de los pedidos de participación tuvo eco.

COU, votación y después

Fue un trámite rápido. El 28 de abril, en una sesión convocada con otra finalidad, el Concejo Deliberante aprobó el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Recién un día antes habían aparecido los planos. Los bloques minoritarios ni siquiera pudieron consultarlos.

Por la afirmativa votaron 15 concejales: los oficialistas del PJ-Frente Renovador Platense, Javier Pacharotti, María Moggia, Valeria Amendolara, Cristian Vicent, Juan Lotúmulo, Sabrina Rodríguez, Enrique Capparelli, Gabriel Céspedes, Gustavo Luzardo, Silvana Soria, Lorena Riesgo y Fabián Lugli; Juan Pedro Chaves y Jacinta Tritten (Peronismo Federal) y Miguel Forte (Bloque Nacional y Popular). Los tres votos negativos fueron los de Sebastián Tangorra y Teresa Urriza (Frente para la Victoria) y Julio Irurueta (macrismo), mientras que Susana Sánchez (Coalición Cívica), Daniel Caferra (Nuevo Encuentro) y Gastón Crespo (GEN) estuvieron presentes en el Palacio municipal pero no asistieron a la sesión para expresar su rechazo. Por otra parte, Julia Larcamón (Coalición Civica) nunca llegó al Concejo -lo que despertó suspicacias respecto a un posible acuerdo con el bruerismo-, Guillermo Duva (UCR) no bajó al recinto -acción que fue señalada como un aval indirecto al bloque mayoritario- y José Ramón Arteaga (del sector que lidera el empresario Francisco De Narváez) se retiró antes, lo que también fue interpretado como un “guiño” para que el oficialismo consiga los dos tercios en la votación.

Para la presidenta del bloque oficialista, Valeria Amendolara, la oposición tuvo “una clara intención de obstaculizar”. Afirma que los disidentes presentaron una “visión apocalíptica”, dijeron que “la ciudad se va a quedar a oscuras” y que “van a colapsar los servicios”. Sostiene “quisieron asustar un poco a la opinión pública” que “la oposición fue en términos políticos, no en términos técnicos”.

Amendolara enfatiza que “lo que se aprobó es una modificación a la normativa que en algunos puntos estaba vetusta” y que, durante la discusión del COU, fueron muy pocas las propuestas que acercaron los otros bloques: “las que llegaron, de un solo bloque, fueron casi todas incorporadas a la norma que se votó”, refiriéndose a modificaciones sugeridas por Unión-PRO. “Con respecto a los denominados ‘proyectos especiales’ dice la legisladora- lo que se contempla es la posibilidad de que se evalúen proyectos que tengan por finalidad jerarquizar a la ciudad como Capital de la Provincia. Claro está que esto será siempre y cuando los estudios de factibilidad indiquen la viabilidad”.

Varios concejales de la oposición seguirán la pelea en la Justicia. Una vez promulgada la norma por parte del Ejecutivo, esperan presentar conjuntamente una medida cautelar denunciando las diversas irregularidades que existieron a lo largo del proceso legislativo y las consecuencias que traerá su aprobación para la ciudad y sus habitantes. Al cierre de esta edición Caferra aseguraba que la impungnación judicial estaba “prácticamente preparada”. Una escribana “constató que los cambios a último momento del proyecto de ordenanza no tuvieron tiempo físico de ser tratados por la Comisión de Planeamiento. Concretamente, entre la entrada al Concejo de las modificaciones y el plano de todo el partido de La Plata, y el despacho por mayoría de la Comisión, hubo sólo diez minutos”.

Según el concejal de Nuevo Encuentro, el Intendente “dilató en el tiempo la promulgación de la ordenanza, seguramente teniendo en la manga algún manejo de última hora, dado que hay articulados que claramente están en contraposición con leyes provinciales, y vicios de procedimiento notables que, creemos, ningún juez los puede dejar pasar”. Si eso se probara, el Código debería ser tratado otra vez.

Los cambios del nuevo Código

El Código de Ordenamiento Urbano aprobado a fines de abril estipula que los edificios que pretendan alcanzar las alturas máximas deberán ubicarse sobre avenidas, diagonales, plazas y parques. Además establece el ensanche del corredor industrial y comercial de la avenida 44. En tanto, se delimitan tres anillos en el casco urbano. En el primero, entre las calles 1 a 19 y 44 a 60, se podrán construir edificios con un máximo de 10 pisos pero con posibilidades de obtener "premios" de hasta 4 pisos más por la construcción de cocheras. En el segundo, marcado por las calles 38 a 66 y de 1 a 19, se podrán construir 8 pisos con posibilidad de acceder a otros 2 por premios. En tanto, en el tercero, marcado por las calles 32 a 38 y de 66 a 72, la nueva norma permite construir solamente planta baja y dos pisos sin posibilidad de ampliación.

También, se podrá construir en altura sobre el Eje Fundacional del trazado de la ciudad y se establece una zona de preservación patrimonial en diagonal 80 y en el área de la Estación Provincial, en el barrio de Meridiano V.

Un aspecto conflictivo, modificado por el bruerismo para sumar legisladores que apoyaran la ordenanza, fue la posibilidad instalar clubes de campo y countries en zonas que actualmente corresponden a la producción frutihortícola. Finalmente, las áreas destinadas a estas construcciones se redujeron a 28,72 Km2, mientras que con la anterior normativa, se permitía que ocuparan hasta un total de 40,09 Km2.

Así cosechó el respaldo de la Asociación de Productores Hortícolas (APH) que en marzo, en una de las reuniones públicas, había planteado una voz de alerta: “Tenemos que diseñar o planear qué ciudad queremos, pero también en la periferia. Tenemos que pensar muy bien si queremos que la ciudad de La Plata y toda su periferia siga siendo, por excelencia, una zona hortícola”, dijo el titular de la Asociación, Alberto Pate. Tras la aprobación del Código, el presidente de APH expresa que están “conformes como institución”. A Pate no le parece pertinente, desde su rol de productor hortícola, opinar sobre el tipo de construcciones que promueve la normativa para el casco de la ciudad: “no es mi tema, yo no entiendo, entonces no se puede hablar de algo que uno no sabe”. Sólo expresa su satisfacción en relación a la zona rural: “Fuimos convocados, no de manera oficial, no hubo nada escrito, pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos”, dice Pate y remarca que, en el aniversario de Echeverry, el intendente Bruera anunció públicamente que se dejaría un cordón de más de mil hectáreas para la horticultura.

De todas maneras, el Ejecutivo tendrá la potestad de aprobar -en forma inconsulta- los llamados Proyectos Especiales entre los que podrían encontrase nuevos barrios cerrados en cualquier parte de la ciudad.

El “Lote Social”

Entre sus críticas a la oposición, la oficialista Valeria Amendolara afirma que “nada se dice” sobre la “amplia gama de demandas sociales” que contempla el nuevo Código, “creando la figura del lote social”. En ese sentido, reivindica la reciente puesta en marcha del Departamento de Vivienda Social que “brindará asesoramiento profesional sobre trámites, planos, etcétera, de manera gratuita a todos los que accedan a un ‘lote social’” .

Para el concejal Daniel Caferra, la figura del Lote Social “es una carta en blanco para la especulación inmobiliaria, para el loteo en todo el partido de La Plata”. “Esa figura supuestamente progresista, en realidad es un engaño. Es cruel, y sólo favorece el loteo. Hasta ahora no es que no existía, se hacen loteos ilegales. En una zona donde no se puede vivir con menos de una hectárea, se venden lotecitos más chicos, ilegales. Esa gente nunca va a poder tener sus papeles. Después no lo va a poder vender ni legar a sus hijos”.

Si bien se trata de una norma de la última dictadura, el concejal reivindica el decreto-ley provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, ya que desde entonces los loteos se tienen que hacer en lugares no inundables, con servicios instalados y superficie mínima. “Ahora se propone: 'para que pueda comprarlo gente de pocos recursos hacemos lotes más chicos' y buscan evadir esas restricciones (...) Es cínico, porque en realidad, si tiene todos los servicios, si tiene la suerte de tener transporte por ómnibus -que hoy no existe en el partido porque el SUT está hecho pelota- va a ser caro, porque el contexto va a ser de una especulación inmobiliaria rampante, creciente, entonces cada lotecito va a costar un montón aunque sea chiquito. Sino va a ser en cualquier lugar, sin transporte, sin asfalto, sin servicios, entonces eso no es un acceso a la vivienda”, denunció.

Pero el Lote Social no esperó a la votación del código. Un ejemplo concreto de cómo operan los especuladores es lo ocurrido recientemente en el barrio de Villa Rica (423 bis entre 21 a y la vera del arroyo Carnaval), donde los vecinos manifestaron su inquietud porque una inmobiliaria sacó a la venta terrenos de 12 x 20, 10 x 25 y de 10 x 30 metros, que no respetan los 30 x 60 permitidos. Según advirtió en su blog el diputado provincial Oscar Negrelli, “en este caso, el loteo también se contrapone a la ley provincial” “prohíbe loteos menores por tratarse de una zona que no cuenta con servicios públicos y la construcción en terrenos protegidos como inundables”.

El cielo recortado
Entre cada ir y volver a la ciudad comenzó a notar que el cielo se achicaba, que las calles se convertían en un tubo oscuro, frío. Algo estaba creciendo cada vez más rápido. Los cúmulos de pisos edificados constituían otro lugar. El cambio era inminente.

Hacia fines de 2006 y principios de 2007 Marina Losada comenzó a fotografiar aquello que, cada día, a su regreso de Buenos Aires, le llamaba tanto la atención: la demolición continuada de viejas casonas, y la inmediata puesta en marcha de altos edificios en su lugar, que nada tenían que ver ya con el estilo y la arquitectura que caracterizan a La Plata y que quitaban la posibilidad de luz del sol en las calles. Su mirada de habitante y a la vez de fotógrafa la llevaron a registrar con miles de tomas un paisaje que al mirar hacia arriba se iba recortando, con altos bloques de cemento que “nos apilan como cajas o ataúdes”, según se lee en el texto que acompaña su producción que denominó Tapar el sol.

Las avenidas 13 y 44, pero también 13 y 60, Plaza Belgrano, y más recientemente 1 y 47, son algunos de los lugares donde Losada quiso detener el tiempo en el instante en que grandes máquinas tiran abajo las paredes de un gran espesor -entre 45 y 60 cm como mínimo-, muchas veces firmadas por sus constructores. Sus fotos muestran a la vez cimientos, columnas y detalles, las alturas de hormigón, y fragmentos de cielo que pudo rescatar en el medio de la depredación, como la de la casona de calle 10 y 60, realizada con una pala mecánica.

“Esa casa era muy grande, muy antigua, muy representativa del barrio, y una de las últimas que quedaban con esas características. Toda esa zona, de Plaza Rocha a 13 y 60, cambió muchísimo. Los conos de sombra de los edificios anulan el sol en la calle, algo que antes no sucedía. Y es muy fuerte si se tiene en cuenta que es una ciudad de veredas anchas y boulevard”.

La fotógrafa vive cerca del Parque Saavedra, “particularmente afectada” por estos cambios. Sin embargo su mirada fue general y notó que todo se empezaba a parecer a la zona del microcentro de Buenos Aires, o aquí a la de Plaza Paso, “y decidí empezar a fotografiarlo pero sin saber qué dimensión iba a tomar la cuestión”. Se refiere a la injerencia que han tomado sus fotos en la actualidad por la discusión que se está dando en torno al nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Es que el trabajo de Marina fue creciendo no sólo por su búsqueda y detenimiento, sino por las charlas y el contacto que fue generando con una gran cantidad de vecinos afectados o interesados en el tema.

“Algunos me avisaban de demoliciones y me daban datos sobre algunas fotos que había tomado; empezó a haber relación con la gente, con arquitectos, o con el vecino común y corriente. A la vez yo fui invitando a las proyecciones de mis fotos; un concejal, por ejemplo, me contactó a través de alguien que estuvo en la de la Muestra Ambulante 5 –realizada en diciembre último en las veredas de Meridiano V-”, cuenta Losada.

El trabajo que ilustra estas páginas de La Pulseada, lleva más de tres años y se ha convertido ahora en una forma de colaborar en la puesta en debate de un tema que se venía tratando a las apuradas. Losada explica claramente que la decisión de brindar su aporte a aquellos que intentan plantear otro COU es porque “abren una discusión y una alternativa a la impuesta. Tenemos que discutir qué ciudad queremos. Los dueños de La Plata no son las personas que compran tierras o terrenos, sino la gente que vive en la ciudad toda. Pero eso no está pasando, la ciudad está modificándose en beneficio o bajo las decisiones de un grupo de personas. En ese sentido me interesa participar. Mi aporte es de una habitante que vio el cambio y que lo organizó en fotos. Es más sensible, y apela a despertar la conciencia en la gente, a decir ‘ey, las cosas están cambiando, y van a cambiar para siempre. ¿Querés que sea así o no?’”. Esa es la pregunta que se hace Losada, y que nos involucra a todos.
Josefina Oliva

N. de la R.: Tapar el sol se pudo ver por primera vez en la Muestra Ambulante 5, en diciembre de 2009. Este año se proyectó en el Centro Cultural Recoleta.

Beneficiados

Todos los sectores que se opusieron a la aprobación del nuevo código coincidieron en señalar que esta norma sólo favorecerá a un puñado de propietarios de tierras, constructoras e inmobiliarias locales. Basta con ver las inmensas publicidades que pueblan el diario más importante de la ciudad para advertir de quiénes se trata:

Credil S.A. Nacida como financiera en los años ochenta, se expandió al sector inmobiliario y de la construcción en 1994. En La Plata lleva realizados más de 50 edificios y también ejecuta obras públicas. Además administra el tradicional Jockey Club, emblema de la elite local, hoy convertido en multiespacio para eventos.

Dacal Bienes Raíces (de Raúl Rodríguez Dacal). Brinda servicios relacionados con la compra, venta y/o alquiler de inmuebles, administración de propiedades de terceros, evaluación de proyectos de inversión, formación de fideicomisos, etcétera. Tras su crecimiento sostenido en La Plata, en 2006 abrió nuevas oficinas comerciales en Puerto Madero y Recoleta. Actualmente desarrolla y comercializa los proyectos Lomas de City Bell y varios edificios céntricos.

Grupo Building. Ya levantó 60 edificios en La Plata. Actualmente desarrolla un complejo habitacional en Pinamar que tendrá una inversión de 20 millones de dólares. La mayoría de sus obras están ubicadas alrededor de plaza Paso, donde inclusive construyeron el edificio de viviendas más alto de La Plata, de 18 pisos.

Alberto Dacal Propiedades. Además de realizar la actividad inmobiliaria clásica, posee una División Campos que se ocupa de la comercialización y arrendamiento de explotaciones agropecuarias. Hace diez años construyó el country Grand Bell, junto con Building. Algunos de sus nuevos emprendimientos son Don Carlos Pueblo Nuevo (Gonnet), Lombardo Building (Hudson, sobre Autopista La Plata-Buenos Aires), Áea 60 (Ruta 2, km 64) y Bell Village (dentro de Grand Bell).

Otro grupo empresario con intenciones de hacer negocios en la ciudad es la cadena hotelera NH. Proyecta levantar un hotel de cinco estrellas en la manzana del ex viejo mercado (en las calles 3, 4, 48 y 49). Llamativamente, en 2007 el bunker de campaña del gobernador Daniel Scioli estuvo localizado en un lujoso hotel porteño perteneciente a esta cadena.

Un modelo de ciudad

El modelo de una “ciudad para pocos” encuentra una de sus mayores expresiones en los barrios privados (countries y clubes de campo), y no hay duda de que defiende esos intereses. Al día siguiente de la aprobación del COU en el Concejo Deliberante ocurrió otro hecho propio de un modelo de ciudad: con una orden del Juez de “Garantías” Cesar Melazo, la Policía bonarense desalojó a más de 200 personas del barrio Colinas del Sol de la localidad de Gorina (141 e/ 472 y 478). El operativo afectó a familias que vivían hace 20 años y por lo tanto tenían derechos adquiridos sobre el lugar. Pero se trata de una zona de creciente expansión inmobiliaria.

En los papeles, el predio corresponde a la empresa estatal Ferrobaires. En agosto de 2009 los vecinos firmaron un convenio que implicaba la cesión del lugar hasta septiembre de este año, plazo en que se esperaba encontrar una solución definitiva. Los terrenos ubicados del otro lado de la vía, también propiedad de Ferrobaires, están ocupados por el country Grand Bell, que construyó su alambrado utilizando rieles de las vías y contenciones con sus durmientes. Fue el administrador de Grand Bell y otros “vecinos” de la zona quienes denunciaron a los desalojados. Alegaron “desvalorización de sus terrenos lindantes”, y hasta “peleas entre perros”.

“El juez que está en la causa, el Juez Melazo y el Fiscal Cartasegna no quieren cumplir con el convenio que hicimos con los dueños de las tierras, una cosa increíble”, denuncia Carlos Leavi, secretario general de la CTA La Plata-Ensenada. Mientras tanto, “no hay ningún tipo de demanda en contra del country”.

“Hay jueces y pobladores adinerados que viven en esa zona que inventaron una causa digna de observar para ver los niveles de discriminación que puede haber cuando priman los negocios y no la humanidad. Por ejemplo, iniciaron la causa diciendo que 'afeaba' sus casas que haya casas humildes enfrente a sus terrenos o viviendas. Una cosa que no sólo es discriminatoria sino que no tiene ningún tipo de humanidad poner eso en un expediente, pero hay vecinos que lo firman”, dice Leavi y reivindica a los vecinos desalojados: “es toda es gente de mucho trabajo, han creado una asociación civil, se están organizando, piden por tener sus medidores de luz. Lo único que hace es querer vivir dignamente y trabaja muy tranquilamente, no hay ningún tipo de problema de inseguridad, tienen hasta espacios recreativos”. Ante la orden del juez Melazo, otro magistrado, Luis Arias, hizo lugar al amparo presentado por esas familias, lo que desencadenó una disputa judicial que aún continúa.

Papeles viejos

Por Daniel Badenes*

La biblioteca de mi casa atesora una colección de Cuadernos de La Plata , una revista en formato de librito que salió entre octubre del ´68 y algún momento de 1972, vinculada a la intelectualidad socialista de la ciudad. Están los nombres de Enrique Anderson Imbert, Alejandro Denis-Krause, Aníbal Sánchez Reulet, Noel Sbarra, Emilio Corbiére, José Sazbon, entre muchos otros. Arrancó dirigida por Guillermo Korn y Luis Aznar, con su oficina ubicada en el edificio Odeón de Venezuela, lugar de tempranos exilios. El número que siempre me llamó la atención ya tiene domicilio platense: es el tercer Cuaderno, y data de julio de 1970.
De eso hace cuarenta años. Y ahí están, sobre el papel amarillento y la tinta intacta, los dos apellidos con los que crecí. Anselmo R. Badenes escribe un artículo sobre la ciudad. Eduardo C. Schaposnik asume, en ese número, la dirección de la revista. Recién algunos años después el primero, mi papá, sería el yerno del segundo, mi abuelo materno.

Cuarenta años hace. Mi viejo era arquitecto. Digo era, en tiempo pasado, porque cuando nací ya estaba en plena retirada de la profesión. “Antes arquitecto y ajedrecista, ahora docente y decidido a escribir”, se definió alguna vez. No he leído mucho de lo que escribió, salvo aquel librito de palabras talladas en el taller de René Velázquez. Para mí era profesor. Daba clases de matemáticas o de geometría. Iba a la cárcel de Olmos; los domingos tomaba un TALP hacia Junín.

La cosa es que en 1970 era arquitecto. Hace cuarenta años... Mi hermano mayor estaría dando sus primeros pasos. Y él escribió en el Tercer Cuaderno de La Plata un artículo que se titula “¿En qué ciudades vivimos?”.

Lo recordé pensando en el nuevo Código de Ordenamiento Urbano que acaba de aprobarse acá mismo, a espaldas de la sociedad, con una alianza entre el bruerismo y los felipistas de Unión-Pro. La ordenanza tiene 143 páginas pero, en esencia, no es difícil de sintetizar. Más negocio inmobiliario y menos planificación urbana. Edificios más altos en el centro, sin calcular ni importar el riesgo sanitario, la contaminación sonora o el colapso de los servicios públicos (En mi barrio casi se festeja que la zona es más o menos definida como de preservación, o sea que zafaríamos de las topadoras y los rascacielos. Pero no hay barrio sin ciudad…)

El arquitecto Badenes decía en aquel entonces que la forma de nuestras ciudades era producto de un puñado de ideas básicas. La primera, fundamental, era la propiedad privada de la tierra. Y en el centro, se trata de un bien escaso. “El aprovechamiento de la tierra urbana sólo puede traducirse de una manera: con el aumento de construcciones sobre ella. Así, primero se densificó la planta sobre cada lote, eliminando los espacios libres, y luego se comenzaron a construir plantas sobre plantas”. Las técnicas modernas de construcción -el esqueleto de hormigón armado, el ascensor- nos legaron torres, blocks, monoblocks y rascacielos, que no fueron más que “productos simples del afán especulativo del poseedor de la tierra (sigue siendo así) o bien afanes de ostentación de los gigantes del dinero”. Ante el crecimiento sin control surgieron los códigos de edificación. Frente a la regla, surgió la corrupción y la entrega. Decía el artículo de 1970: “el Derecho y la Técnica no han hecho más que secundar los deseos del poder económico, que es el nervio de nuestra época”. Los códigos de regulación, única herramienta para poner un poco de orden, nacían atrasados y burlados por la realidad.

Le sigue a esa reflexión un punteo de “los problemas más peligrosos y poco analizados en nuestras ciudades”. Desde la falta de conocimiento sobre las redes de servicios públicos que se superponen en las calles, hasta la ausencia de control sobre la contaminación del aire, pasando por los problemas de tránsito que “se han resuelto hasta hoy con ´parches´” que provocan más problemas que soluciones. Si no fuera por algún dato muy específico, un término en desuso o el papel amarillo de la edición, diría que el artículo está escrito ayer. Pero hace cuarenta años.

Decía mi viejo, cuando era arquitecto y el director de la revista todavía no era su suegro, allá por 1970: “¿ la tierra urbana ser de propiedad privada? ¿ alguien enriquecerse con beneficios que, de hecho, pertenecen a la comunidad que los ha creado? ¿ un propietario arruinar a otro, ejerciendo los derechos que la ley le concede inicialmente? ¿la comunidad entera seguir arruinándose, construyendo edificios que son lamentables formas de mediocridad?”

Cuarenta años después, La Plata tiene un "nuevo" código. El procedimiento legislativo nos dice bastante. Los concejales de la Comisión de Planeamiento se reunieron en un domicilio particular. Se cagaron en las advertencias de especialistas y en las opiniones de organizaciones sociales. Votaron en una sesión cualquiera, sin debate público.
Voy a llamar a papá y darle la mala noticia de que, hasta ahora, han podido.

(*) Tomado de un texto publicado originalmente en el blog “Oficio de blasfemar”

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