En La Plata sigue creciendo el escándalo de las coimas para rezonificar, mientras en Caballito piden más parque y menos negocio en los terrenos ferroviarios.
La linda y maltratada ciudad de La Plata ya es un verdadero laboratorio en cuestiones patrimoniales. El reciente fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ordenando que la Municipalidad local muestre un poco de respeto y seriedad, presentando el plan de manejo que debe desde hace dos años, fue una muestra. Y el reciente escándalo por los funcionarios que coimeaban para dar permisos de construcción, subdivisión y rezonificación termina de demostrar que los patrimonialistas tienen razón: la ciudad está siendo destruida para que unos pocos se llenen los bolsillos.
El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8, Jorge Paolini, está investigando la denuncia de un particular al que le pidieron doscientos mil dólares para rezonificarle lotes. El denunciante, Guillermo Andreau, quería subdividir dos terrenos para venderlos a beneficiarios del plan Pro.Cre.Ar, que concede créditos para construir viviendas en lotes propios. Esto da una idea de la modestia del asunto y deja en claro que no se trata de grandes negocios con torres en zonas premium.
Paolini sorprendió con una serie de allanamientos en el Palacio Municipal y en otras dependencias donde secuestraron grandes cantidades de documentos.
Con los papeles en la mano, el fiscal consideró en la causa por exacciones –el nombre legal de las coimas– que existe una asociación ilícita dedicada al tema. Sus miembros incluyen a Mariano Bruera, que es el hermano del intendente Pablo Bruera, a su secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, a su director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, y a su director de Planeamiento, Roberto Moreno. Además, están bajo investigación penal los empleados Raúl Moratti y Cristian Ybarra. Esta semana se supo que la pista está trascendiendo al hermano del intendente y al nivel técnico que concede los permisos, para llegar más arriba en la política. El secretario general de la Municipalidad, Jorge Campanaro, también está siendo investigado en el caso.
La causa arrancó con la denuncia de Andreau de que le pidieron 216.000 dólares contantes y sonantes para arreglarle los permisos de subdivisión y rezonificación de sus terrenos en 52 y 161. El fiscal Paolini intervino los teléfonos de los funcionarios ahora procesados y de un ex, Ricardo Riddick, que fue director de Planeamiento de la Municipalidad. Según informó el medio local Infoplatense, Riddick era el nexo en el negocio entre Sette y Moratti. Este último, empleado municipal, era el que hablaba con el denunciante para convencerlo de pagar.
Pero el fiscal avanzó más allá de comprobar fuertes indicios de coimas y descubrió que, igualito que en esta Capital Federal, había dos cadenas de corrupción compitiendo entre sí. Según Paolini, la cadena de Sette competía en forma directa con la de Campanaro, que además de secretario general del gobierno municipal de Bruera es abogado del principal diario platense, El Día. El fiscal escribe que “de las escuchas intervenidas surgiría también la posible comisión de otros delitos de acción pública en los que habrían tomado parte otros sujetos de los aquí imputados. Tal es el caso del actual secretario general del municipio, Jorge Campanaro, y el ex director de Planeamiento Ricardo Riddick”.
El denunciante Andreau fue a verlo a Campanaro, a quien conocía, para decirle que “realmente no podía creer que estos tipos me estuvieran pidiendo dinero para hacer un trámite administrativo”. Según Infoplatense, la respuesta fue que “esto se maneja así”. Este diálogo tuvo consecuencias el 6 de mayo pasado, cuando el funcionario Moreno y el empleado Moratti hablan, en una llamada grabada por la fiscalía, acerca de que Andreau “estuvo golpeando otra puerta”.
Para el 28 de mayo, la entrada de Campanaro en escena tenía una consecuencia muy concreta, una rebaja en la coima. Ese día, a las 18.05, Moratti le pide a Moreno que “le baje la pendiente” al asunto “en 114 grados” de modo de cerrar de una vez. Es que “de esa forma yo se lo saco del buche al otro, porque el otro iba a ir directo arriba, viste... se lo saco del buche y lo solucionamos nosotros”. Esta última frase hace que Paolini considere que está confirmado que “interviene al menos otra persona más en el pedido de dinero, que decide por encima de estos dos sujetos. Quien no sería otro que Enrique Sette, máximo responsable de la Secretaría de Gestión Pública”.
El fiscal considera que no hay duda de que esto no fue un caso aislado sino un “plan delictivo” que se continúa en el tiempo. “La pluralidad de personas a las que se les solicita o exige dinero, o de las que se reciben propuestas; las distintas características de los lotes comprendidos en la negociación; la diferente ‘tasación’ de las operaciones; y la planificación de distintas personas en la solicitud-exigencia de dinero –Petró, Ybarra o Moratti– despejan por completo la hipótesis de unidad de conducta delictiva”.
El denunciante Andreau fue valiente al hacer su denuncia, que puede comenzar una bola de nieve imprevisible. Si para dos terrenos modestos, destinados al plan de viviendas populares del gobierno nacional, se pedían semejantes montos, ¿cuánto figura en el tarifario para emprendimientos realmente grandes? Ahora se entiende mejor la durísima voluntad de la Municipalidad de La Plata de mantener abierto al negocio el Casco Fundacional de la ciudad, el Centro, y la arbitrariedad con que se pasaron códigos urbanos suicidas...
